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¿Puede el presidente de Estados Unidos devolver la Base Naval de Guantánamo a Cuba?

Thomas B. Wilner

Tom Wilner, uno de los abogados más conocidos de Washington, aborda el contexto legal de la base y la prisión que se han convertido en un símbolo del desdén norteamericano por el estado de derecho 
 
WASHINGTON.—Es uno de los abogados más conocidos de Washing­ton y probablemente el único que ha ganado un par de veces un caso en la Corte Suprema de los Estados Uni­dos, aunque el sistema haya vuelto a cambiar las leyes para regresar al  pun­to de partida. Thomas B. Wilner representó a los detenidos en la Base Naval de Guan­tánamo en el juicio que estableció su derecho a ser asistidos por un abogado, y en dos decisiones la Su­prema Corte confirmó el derecho de estos presos al ha­beas corpus, pero la justicia todavía está por hacerse.
 
Como él reconoce, esa prisión sigue siendo un símbolo de un país, Estados Unidos, que desdeña el estado de derecho. “Hay que cerrar Guan­­tánamo, porque es cara, es ineficiente, lesiona nuestra posición internacional”, afirma Wilner, consultor de la firma de abogados Shearman & Ster­ling, en Washington, y hombre del establishment norteamericano. An­tes de convertirse en un jurista de primera línea, estudió en la Universi­dad de Yale y en la Escuela de Leyes de Pennsylvania, las dos mejores y más caras academias de los Estados Unidos. En Yale fue condiscípulo, entre otros, del republicano George W. Bush y del demócrata John Kerry.
 
Wilner fue el vocero de un grupo de abogados norteamericanos que han representado a prisioneros de diversas nacionalidades, ilegalmente retenidos en la Base Naval de Guantá­namo. Entre los presos había 12 kuwaitíes, clientes de Wilner, que fueron torturados por soldados estadounidenses en Afganistán y Pakistán antes de enviarlos a la base en Cuba.
 
Hemos hablado en otras ocasiones de la prisión de Guantánamo, pero es la primera vez en que nuestra conversación transcurre en Washing­ton y se enfoca en un territorio más amplio que la cárcel, la franja ilegalmente ocupada en Cuba por el gobier­no de Estados Unidos en contra de la voluntad del gobierno y el pueblo cubanos, que reclaman legítimamente su devolución. Este es hoy uno de los temas que la Isla ha planteado como obstáculo para superar en el camino hacia la normalización de  relaciones con el gigante del Norte.
 
—¿Tiene el presidente Obama autoridad presidencial para devolver a Cuba el territorio que ocupa la Base Naval de Guantánamo, sin procurar la aprobación del Con­greso?
 
—Creo que el presidente la tiene. Tendría que hacer más investigación para estar completamente seguro, pero creo que él tiene autoridad unilateral para hacer esto. Lo que se ha planteado como un impedimento para él hacerlo —la Ley Helms-Burton—en realidad no lo es. El pre­sidente no requiere de la aprobación del Congreso.
 
El tratado de Guantá­namo en sí es claro sobre cómo podría concluir. Sin duda alguna el Congreso pediría que no se devuelva la Base sin al menos la aprobación del Senado estadounidense. Se necesita la aprobación del Senado para firmar los tratados, y muchos probablemente ar­gu­mentarían que es necesaria la aprobación del Senado para poner fin a un tratado.  
 
“En la práctica, incluso si el pre­sidente tiene autoridad unilateral, es muy poco probable que cualquier mandatario, demócrata o republicano, terminaría un tratado como este sin al menos tener la aprobación tácita del Congreso”.
 
—Desde el punto de vista jurídico, ¿cuáles son las diferencias esenciales entre la devolución del territorio a Cuba y simplemente cerrar la prisión? ¿Por qué los Estados Unidos construyeron esta prisión en Guan­tánamo, y no en otra de sus muchas bases en todo el mundo?

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