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Estados Unidos pretende asustar a los inversionistas extranjeros. Por Arthur González*

Por Arthur González*/Martianos-Hermes-Cubainformación.- La actual administración yanqui no sabe que más inventar para estrangular económicamente al pueblo cubano, el que resiste con estoicismo la guerra económica, comercial y financiera más larga de la humanidad, sin doblegarse ante el imperio, como también hicieron las generaciones de mambises contra el ejército español en el siglo XIX.

Para Estados Unidos esa actitud de soberanía es incomprensible en momentos en que países desarrollados se someten a sus dictados, para atacar a Venezuela y a Cuba, como si fueran los súbditos del imperio romano.

Sin muchas más fórmulas que aplicarle a Cuba, Donald Trump y sus halcones terroristas, pusieron en vigor el 02 de mayo 2019, la Ley Helms-Burton en su totalidad, incluido el controvertido Título III como táctica para asustar a los inversionistas extranjeros y evitar el desarrollo de la economía de la Isla, pero al parecer no tendrán muchos resultados.

La Unión Europea ya advirtió que sus relaciones con Washington se afectarán más y no permitirán que sus empresas sean condenadas por el maldito Título III, aunque realmente el I, II y IV son más criminales y aprietan con mayor fuerza la soga al cuello cubano, que el mismísimo III.

No obstante, como medida de propaganda para sembrar terror, algunos herederos norteamericanos y cubanos, ahora naturalizados en Estados Unidos, se apresuraron en ser los primeros en presentar sus demandas, pues desde hace meses la mafia terrorista de Miami venía haciendo campañas para que se prohibieran los viajes de cruceros a Cuba, porque esas visitas permiten comprobar las mentiras fabricadas contra la Revolución desde hace 60 años y aunque no dejan mucho dinero, el resultado político es altamente positivo.

Precisamente la primera demanda impuesta ante la corte de Miami, la hicieron Javier Bengochea y Mikael Behn, contra de la compañía de cruceros Carnival, acusándola de beneficiarse de propiedades que le fueron expropiadas por la Revolución después de 1959.

La acusación se basa en que Carnival Cruise, está utilizando las terminales de cruceros ubicadas en los puertos de La Habana y de Santiago de Cuba, sin la autorización de sus proclamados “herederos”, y por lo tanto reclaman una compensación de dicha compañía, equivalente al triple del valor actual de esas propiedades en el mercado.

Pero parece que la realidad es bien diferente y pudiera darle un portazo en la cara a los reclamantes, porque la Carnival es una gran compañía que ha estudiado bien la conocida Ley de la Esclavitud y por eso George Fawler, uno de sus abogados declaró a la prensa:

“Esa demanda resulta una pérdida de tiempo, ya que los demandantes no se fijaron en una de las cláusulas de la Ley Helms-Burton, que incluye una excepción para proteger las actividades comerciales relacionadas con viajes a Cuba, siempre que estos hayan sido autorizados por el Gobierno. La ley es clara y si el viaje fue permitido, la Helms-Burton no se aplica”.

Precisamente, las compañías de cruceros estadounidenses poseen la autorización correspondiente del Departamento de Tesoro para realizar viajes a la Isla y ese litigio legal será bien complicado y costoso para los “herederos”.

Por otra parte, el Departamento de Justicia ha informado que su Comisión de Adjudicación de Reclamaciones Extranjeras (FCSC), tiene certificadas 5 mil 913 reclamaciones de ciudadanos y compañías estadounidenses, las que fueron valorizadas en  mil 902 millones de dólares al momento de la expropiación, pero de ellas solo 817 tienen un valor original que supera los 50 mil dólares, uno de los requisitos exigidos por los tribunales federales para aceptar las demandas de compensaciones, bajo la Ley Helms-Burton.

Además de esa exigencia de avalar que el valor la propiedad sea mayor de 50 mil USD, la Comisión requiere que los demandantes demuestren que las misma tengan actualmente un uso comercial y no sea locales ocupados por una embajada o residencia diplomática.

Para iniciar la demanda hay que presentar el título de propiedad o documentos que certifiquen que eran realmente los dueños en el momento de la nacionalización; depositar una cuota de 6 mil 700 dólares en el Tribunal Federal, y poseer la certificación de la Comisión de Adjudicación de Reclamaciones Extranjeras del Departamento de Justicia.

Igualmente, el demandante estará obligado a demostrar las empresas que supuestamente ahora “lucran” con sus ex propiedades y estar seguros que también posean negocios en Estados Unidos, a lo que se suma el alto costo de los abogados que deben representarlos en un largo proceso legal.

Ante leyes inmorales como esta, recordamos a José Martí cuando denunció con fuerza:

…toda ley que lo que degenera se hace crítico, luego pasa a ser cínico”.

*Arthur González, cubano, especialista en relaciones Cuba-EE.UU., editor del Blog El Heraldo Cubano.

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