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El Periodismo en Cuba. La Colonia Tras el Pacto del Zanjón Juan Marrero

El Periodismo en Cuba. La Colonia (19)


Tras el Pacto del Zanjón

Juan Marrero

Hay una etapa que tiene significación para el periodismo oficial y cuasi oficial en Cuba: la que se inicia con la firma del Pacto del Zanjón. Una vez más las autoridades coloniales decretan en 1879 otra ley sobre la libertad de imprenta, tal como lo hicieron en 1812 y en 1869, y ello alienta a la fundación de nuevos periódicos y, a la vez, a que se ponga de manifiesto otra vez la inconciliable pugna de intereses e ideas de dominadores y dominados.

A raíz de ese hecho que puso fin a la Guerra de los Diez Años,  nace el 2 de julio de 1878 el diario El Triunfo, fundado por el abogado, escritor y periodista asturiano Manuel Pérez de Molina,  en la casa situada en la calle Teniente Rey número 39, donde en años anteriores estuvieron el Colegio El Salvador de José de la Luz y Caballero y las oficinas del periódico El Siglo.

Viejos reformistas y muchos participantes en la Guerra de los Diez Años están entre los auspiciadores y fundadores del periódico El Triunfo. Este hecho señala claramente que muchos cubanos sintieron la necesidad de organizar sus fuerzas dentro del campo de la legalidad, para reclamar de la Metrópoli el reconocimiento de derechos y todas las libertades posibles.

El Triunfo se presenta como vocero del autonomismo y de la prudencia en el escenario político de Cuba. Su principio fundamental fue la renuncia a la revolución. Pérez de Molina es una figura de prestigio, pues era miembro de la Academia Sevillana de Buenas Letras y había sido Diputado a las Cortes, colaborador de los periódicos españoles La Libertad y El Pabellón Nacional, y fundador de El Foro Cubano (1875), una revista de legislación y jurisprudencia. Fue uno de los creadores del Partido Liberal.

Pérez de Molina defendió desde las páginas de El Triunfo cuatro cuestiones planteadas por el Partido Liberal: 1) Abolición de la esclavitud con indemnización. 2) Educación para los libertos. 3) Aplicación de los derechos consignados en la Constitución de España para todos los criollos y peninsulares en la Isla. Y 4) Supresión de los derechos de exportación y reforma de las relaciones comerciales de la Isla con España, atendiendo, sobre todo, a que Estados Unidos era el principal mercado de los productos de la Isla.

Figuras revolucionarias como Manuel Sanguily, aunque no militan en las filas del Partido Autonomista, se suman a su propaganda, conscientes de que al hacerlo, lejos de traicionar sus ideales separatistas, contribuyen a animar la conciencia revolucionaria y preparar el camino para la continuación de la lucha armada.

Al morir Pérez de Molina, solo dos meses después de fundado El Triunfo, lo sustituye al frente del periódico Ricardo del Monte, maestro de periodistas y crítico en cuestiones literarias, quien continuó la misma línea editorial y, además, de inmediato dispuso el nombramiento de varios corresponsales en España, entre ellos el célebre Rafael María de Labra, destacado abolicionista, republicano y autonomista, quien fuese amigo y protector de Juan Gualberto Gómez cuando éste vivió desterrado en ese país europeo. Con ello el periódico alcanzó gran prestigio y se multiplicaron las suscripciones.

Conscientes de que en esa etapa el Partido Autonomista y su periódico El Triunfo tenían la simpatía del pueblo cubano, frente al otro partido existente, la Unión Constitucional, que representaba el sentimiento tradicional de los españoles, las autoridades coloniales no se cruzaron de brazos. Trataron, pues, de amarrar corto al diario El Triunfo y, en consecuencia, pusieron en práctica disposiciones inquisidoras como la creación del Tribunal de Imprenta, lo cual posibilitaba que el Fiscal, quien dependía del Capitán General, atendiese cualquier denuncia y presentase acusación contra directivos de publicaciones que se salieran del juego establecido por la colonia. Blanco preferido de esas denuncias, en los años posteriores al Pacto del Zanjón, lo fue la prensa defensora del autonomismo.

La ley española castigaba supuestos delitos de imprenta con multas. Pero si las multas no se pagaban, se interrumpía la publicación del periódico. Y cuando éste era multado un determinado número de veces, se le retiraba la licencia para publicarse. El tribunal podía, igualmente, cuando lo estimase conveniente, ordenar el encarcelamiento de todo acusado, desde un mes a dos años,  dictar penas de destierro de la ciudad o provincia, o condenar al silencio durante varios días a una publicación.

El Triunfo fue en numerosas ocasiones multado, al considerar el Tribunal de Imprenta que eran demasiado atrevidas las cosas publicadas por ese diario. Pero los autonomistas idearon fórmulas para enfrentar las multas que eran impuestas al periódico. Así, por ejemplo, Pedro Armenteros, un rico miembro de la Junta Central del Partido Autonomista, lanzó la idea de crear el sello autonomista, una estampilla por valor de diez centavos que cada una que las familias acomodadas compraban por decenas y centenares. En menos de tres meses, mediante esa campaña, lograron recaudar más de cien mil pesos. El gobierno colonial se alarmó y prohibió la circulación de ese sello bajo el alegato de que se estaban recaudando fondos para una nueva insurrección armada.

En 1881, El Triunfo publicó un artículo, que se supone escrito por Antonio Govín, titulado “Nuestra doctrina”, que causó una represión brutal de parte del gobierno colonial. Ese artículo hacía un pormenorizado estudio de la Constitución española y abogaba por la descentralización del gobierno en la colonia. La medida dictada fue que El Triunfo debía guardar silencio durante veinte días. Pero, mientras dura la sentencia, Del Monte saca una licencia y lanza a la calle el periódico El Trunco que, en su editorial inicial, dice:

“...La Ley de Imprenta nos hace desconfiar de nuestra suerte. Sus prescripciones nos vedan por el momento hablar de política, por lo que nos vemos obligados a presentar trunco nuestro periódico: de aquí su título”.

En ese año, el gobierno español hizo modificaciones a la Ley de Imprenta puesta en vigor dos años antes. Estableció, por ejemplo, que el propietario o el gerente de una publicación debía ser ciudadano español. Que nadie podría intentar ni realizar la publicación de más de un periódico político diario. Y el Artículo 16 de esa Ley advertía que “constituye delito de imprenta atacar o ridiculizar los dogmas de la religión del Estado, el culto o los ministros de la misma, o la moral cristiana” y también que “no puede ofenderse la inviolable persona del Rey”.

Cinco años después, en 1886, se dictó otra ley de imprenta que estaba dirigida, en su esencia, a evitar que trascendiese la corrupción administrativa existente. Establecía, además, que toda publicación estaba obligada a poner pie de imprenta, es decir indicar en qué taller tipográfico había sido hecha. Aquellas que no cumpliesen tal requisito serían consideradas clandestinas.

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