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Deudas, legalidad y tribunales. Por Manuel Alberto Ramy

Por Manuel Alberto Ramy/Progreso Semanal.- Si usted deja de pagar la factura eléctrica, la empresa le corta el servicio hasta que sufrague. No vale el argumento de que no tiene dinero. O paga o usa velas y practica andar la casa como si fuese ciego.

Pero hay otro tipo de ceguera.

Durante la emisión del Noticiero de TV del pasado 2 de abril fue presentado un reportaje en el que aparece ACOPIO –y presumiblemente otras instancias gubernamentales– como deudor de una buena cantidad de pesos cubanos (CUP) a los campesinos. No mencionaron la cifra, pero fuentes de todo crédito afirman que es millonaria, y abarca a más de una provincia.

Busqué la noticia en la prensa escrita. No la encontré. Apareció y se esfumó como una bengala en la pantalla del TV. Y de eso hace ya casi dos meses. Pero gracias a Internet, pude recuperarla. Y la fugacidad de la denuncia televisiva, se resolvió de un golpe.

ACOPIO es la empresa estatal a la que los productores están obligados a vender a precios privilegiados (a favor de ACOPIO) entre el 70 y el 80 % de la producción. La historia del ente estatal la he tratado desde hace años en este blog. Incluso recuerdo que la TV mostró imágenes de una reunión en la que el presidente Raúl Castro Ruz –recién asumida la jefatura del gobierno–, fue duro con respecto a millonarios impagos a los campesinos. La deuda, si la memoria no me falla, fue saldada por los bancos. ¿Y quiénes son los bancos si no los depositarios de nuestro dinero…?

Cada año presenciamos un remake del problema. Hoy estamos ante una nueva deuda, cuyo monto el reportaje televisivo no especificó, reitero, y que es resultado de impagos acumulados a los productores de alimentos.

Progreso Semanal pudo comprobar el día 28 de mayo que, por ejemplo, a la Cooperativa de Créditos y Servicios (sector privado), Ciro Redondo, del municipio de Batabanó, provincia de Mayabeque, le han debido 1 millón de Pesos Cubanos (CUP), y aún no ha sido saldada totalmente.

La situación de los impagos es grave desde todo punto de vista. En el sector agropecuario se trata de los actores imprescindibles para el proyecto básico de la política económica del país, tanto para aumentar los platos en la mesa diaria, rebajar los precios de ellos y evitar la sangría de casi 2 mil millones de USD que el país gasta en importar alimentos, muchos de ellos perfectamente sustituibles por la producción de nuestra tierra.

Si ACOPIO y los otros organismo involucrados no pagan a los productores, como se aprecia en el reporte televisivo, se entorpece la esencia del proceso de cambios que vivimos; se mata el esfuerzo de los campesinos y de sus organizaciones; se desestimula y los pone en la encrucijada de qué hacer con lo producido.

Las alternativas de que estos disponen no son muchas: “echarlo a los puercos”, es decir, dejar de alimentar humanos para alimentar animales con alimentos que los humanos necesitan; dejar de producir, como está aconteciendo en Güira de Melena (¿solamente?); o derivarlos “por la zurda” al mercado subterráneo, un operador comercial que especula con los precios contra todos nosotros que debemos pagar cifras astronómicas.

Esta entrada en el mercado negro puede llevar al productor a los tribunales por comerciar ilícitamente. Y aquí viene el punto.

Bueno, es imprescindible que la prensa publique la noticia y se discuta a “calzón quitao”, pero luego es terrible que la evapore a lo Mandrake y no la someta al escrutinio público, muy resentido y agobiado por el tema alimentario. Pero el impago o el retraso por meses no se dilucidan en letras impresas o en imágenes por la TV.

Que una empresa estatal diga no poder pagar supone que contrató por encima de sus posibilidades presupuestadas, aspecto que deberíamos conocer los ciudadanos porque la sustentabilidad alimentaria necesita disponer de bolsillos amplios y ligeros, aspecto que nos lleva a ascender en el nivel de responsabilidades en la esfera gubernamental.

Los afectados, probablemente los más productivos del país, que se concentran en el sector no estatal, deberían poner a prueba el funcionamiento de la legalidad existente en el proceso de Actualización: un esfuerzo que está haciendo bajar de peso a la estructura estatal, propiciando gradualmente otras formas de producción y de gestión, mientras que al institucionalizar ha ido creando la base jurídica para que todo discurra “por los caminos de la ley”. Y con la ley nos topamos.

Los afectados – si son cooperativas cuentan con asesoría jurídica propia- deberían llevar a ACOPIO y/o a los organismos involucrados ante los tribunales, para que respondan por sus reiterados impagos.

Si estos no tienen plata constante y sonante para resarcir a los agricultores, sí poseen bienes inmuebles, camiones, equipos, etc., que compensarían la falta. El pago debe ser expedito, no solo para la deuda financiera o material en la que incurren, sino también la moral. ¿O no se trata acaso de revalorizar la ley y las instituciones?

“Eso nos daría garantías…sería bueno, pero ¿ud cree que es posible?”, fue la respuesta que con sorna me dio hace tres años un campesino de la provincia de Artemisa cuando le pregunté por qué no iniciaba una demanda legal.

Había perdido una buena parte de de la cosecha de boniato “porque ACOPIO dijo que no tenía transporte ni envases…así nos dijeron…vamos a ver qué pasa ahora con la malanga”.

Alimento que se pierde en los campos sin darle el camino que requiere, sumado a un esfuerzo no compensado, termina, irremediablemente, en desconfianza.

Hay que poner a prueba a nuestros tribunales, una de cuyas salas está destinada precisamente a dirimir conflictos y demandas económicas.

Las promesas no borran la incredulidad prevaleciente en la mente de muchos ciudadanos y de los nuevos actores económicos acerca del posible éxito de una vía legal que demande a un actor estatal.

Sin embargo, son las acciones, en este caso judiciales, las que puedan demostrar que los tribunales funcionan de manera imparcial y no solamente a favor del Estado cuando no pagas la “la luz” u otros servicios.

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