Martianos

Martianos. Seguidores del pensamiento de José Martí Red de los emigrados cubanos

CORRESPONDENCIA: En el 40 aniversario del primer Congreso del PCC (II)

Foto: Cuba y la Economía
Por Humberto Pérez

(publicado en Catalejo, el blog de Temas, el 15 de diciembre de 2015)

(...continuación)


Los órganos del Poder Popular

En relación con la tarea encomendada por Fidel de trabajar en la organización del Estado, a mediados de 1973 se preparó un documento conceptual con propuestas concretas titulado “Proyecto de estructura, mecanismos de funcionamiento y líneas de subordinación del aparato del Estado” en el que se incluía la constitución de las instituciones representativas del poder estatal, que serían las que, en lo adelante, asumirían por delegación directa del pueblo mediante elecciones democráticas la soberanía de este, ostentarían en su nivel nacional de manera separada el poder legislativo, y a ellas se subordinarían, actuando por separado y con independencia el uno del otro, el poder ejecutivo o gobierno y el poder judicial. Hasta ese momento, por exigencias y necesaria ejecutividad emergente del proceso revolucionario en sus inicios y primeros años, todos los poderes habían estado concentrados en el Consejo de Ministros.

Este documento se aprobó preliminarmente en septiembre de 1973 y, para obtener información y ganar elementos de juicio de la realidad práctica concreta en municipios, regiones y provincias antes de someterlo a su aprobación final, se orientó realizar un estudio en la provincia de Matanzas, escogida por ser relativamente pequeña, contigua a La Habana y de fácil acceso y comunicación.

Con el apoyo y participación decisiva del Comité Provincial del Partido y de todos los organismos estatales presentes en la provincia, así como de las organizaciones de masas —principalmente los CDR, la ANAP y la FMC—, se realizó el estudio orientado, de una manera intensa, detallada y minuciosa al máximo, a partir de octubre de 1973.

Ya en enero de 1974 se disponía de información suficiente para someter la propuesta a la aprobación final de la dirección del país, lo cual aconteció el día 18 de ese mes y año. No obstante, los estudios de la provincia, región a región y municipio a municipio, así como el censo y mapificación de todos los CDR y de las organizaciones de base de la ANAP, continuaron hasta el mes de mayo para, sobre esta base, crear las circunscripciones electorales y demás condiciones que permitieran, durante un año, someter a experiencia práctica, antes de llevar a la aprobación del Congreso del Partido, los que serían en el futuro los órganos locales del Poder Popular (OLPP) del Estado cubano.

En este paso institucional —una de las creaciones más importantes de las realizadas en los años 70— se pone en evidencia, con total claridad, que no hubo un espíritu de calco ni tendencia a la copia mecánica de las experiencias de los países del CAME. En todos estos países, los candidatos a delegados y a diputados de los órganos de poder eran propuestos por el Partido y las candidaturas presentaban un solo candidato. En nuestro caso, nos apartamos totalmente de esa experiencia antidemocrática; los candidatos a delegados de los órganos de base del Poder Popular los propone directamente y los aprueba la población, en sus aéreas de nominación (que comenzaron siendo una por cada CDR o Base Campesina, y hubo casos en la experiencia de Matanzas de hasta 20 candidatos para elegir el delegado de una circunscripción. Actualmente pueden ser hasta ocho).

Esos delegados, elegidos por el pueblo —a partir de candidaturas con un mínimo de 25% de candidatos por encima de los cargos a decidir—, reunidos luego en Asamblea Municipal, serían los que elegirían a los delegados o diputados de los niveles superiores de Poder Estatal y en cada nivel siempre serían mayoría los delegados de base, elegidos directamente por el pueblo, ante el cual tienen el deber de rendir cuentas periódicamente, siendo además revocables sus mandatos en cualquier momento por decisión de sus electores.

Es difícil que exista una forma más democrática para la elección por el pueblo de sus representantes en los órganos de poder estatal ni tampoco mayor descentralización en la administración de los centros de producción y servicios que responden a las necesidades diarias más importantes de la población, pues se supone que los delegados elegidos, reunidos en asamblea, son los que ponen y quitan a los funcionarios y administradores que dirigen esos centros y, a través de ellos y junto a ellos, se abría la extraordinaria posibilidad de participar sistemática e institucionalmente en el gobierno por parte de las masas.

Las reglas que debían regir el funcionamiento de los órganos del poder popular para asegurar la democracia y su independencia de la tutela del Partido fueron planteadas y explicadas por el compañero Raúl el 22 de agosto de 1974 en su discurso en la clausura del seminario dado a los delegados elegidos en Matanzas para iniciar la experiencia de estos órganos. Lamentablemente estas reglas y este discurso, que nunca ha dejado de tener vigencia, también ha sido olvidado, engavetado y desconocido.

Los órganos del Poder Popular y sus delegados y diputados han perdido prestigio y autoridad ante el pueblo. Los delegados de circunscripción son impotentes para resolver los problemas de su circunscripción, para hacerse acompañar y obligar a los funcionarios y administradores, subordinados a la Asamblea de la que ellos son miembros, a que den la cara y respondan por su mala administración o expliquen satisfactoria y convincentemente lo que les impide cumplir con su trabajo o resolver los problemas planteados. Las asambleas de rendición de cuentas son, en gran medida, formales a las que los electores asisten cada vez menos. Algo similar ocurre con las asambleas de nominación de candidatos.

Resulta poco atractiva la repetida unanimidad de los diputados a la Asamblea Nacional que no tienen la facultad de interpelar a los Ministros sino solo de “hacerles preguntas”, lo cual, por lo menos en los plenarios, casi nunca hacen. No sé si en los trabajos de las Comisiones preparatorios de las plenarias se manifiesta mayor diversidad de opiniones y actitudes más inquirentes.

Se han hecho cambios en el sistema electoral, pero se perciben como menos democráticos — aunque la elección de los delegados y diputados a los niveles de provincia y nación sea ahora directa— porque la nominación es hecha no por los representantes directos del pueblo (estos solo la aprueban), sino por una Comisión de Candidaturas designada por el Partido; porque las candidaturas son cerradas y la única posibilidad de elegir es mediante el voto negativo, y porque la posibilidad de los electores de revocar por iniciativa propia a los elegidos es impracticable.

Todo esto ha hecho que el carácter esencialmente democrático y descentralizador que se planteó en los años 70 al crearse los órganos del Poder Popular y las perspectivas que ellos abrían se hayan visto afectados con el tiempo, y el entusiasmo y confianza de aquellos momentos se han ido perdiendo.

Este es un terreno en el que se requieren cambios y una actualización en consonancia con el espíritu de los Lineamientos aprobados en el VI Congreso, y con los tiempos actuales.

En general, están pendientes cambios que hagan a nuestra democracia más evidente y participativa en todos los ámbitos y esferas de actividad: Partido, Estado, organizaciones de masas y asociaciones en general; en la prensa, en las empresas, etc., retomando, actualizando y desarrollando objetivos planteados desde el Primer Congreso del Partido y reiterados en pronunciamientos más actuales del compañero Raúl.

Nueva División Político Administrativa

Como parte importante del esfuerzo por crear las mejores condiciones para la práctica de la democracia, la descentralización, la participación de las masas y reducir el campo de acción del burocratismo, en julio de 1973 se constituyó una comisión, apoyada principalmente en el Instituto de Planificación Física, que trabajó en la propuesta de una nueva División Político Administrativa (DPA) para ser presentada en el Primer Congreso.

La DPA vigente hasta ese momento estaba estructurada en cuatro niveles de dirección: nación, provincia, región y municipio o seccional.

Existían seis provincias que presentaban una gran heterogeneidad entre ellas: por ejemplo, excluyendo a la capital, la provincia de Oriente tenía 36 000 km2 de superficie y 3 millones de habitantes mientras que la de Matanzas solo contaba con 10 000 km2 y 500 000 habitantes. La relación, por tanto, era de 4 a 1 en área y de 6 a 1 en población.

Entre las 58 regiones existentes, las diferencias eran de 11 a 1 en área y de 20 a 1 en población. En los 407 municipios constituidos las diferencias eran de 60 a 1 en área y de 150 a 1 en población.

En el proceso de trabajo de esta Comisión se tuvo en cuenta la experiencia de otros países socialistas, sobre todo los más pequeños. Se conoció que en la RDA, Polonia y Hungría existían cuatro niveles de dirección con más de mil municipios en la base, y que en Hungría, menor que Cuba, existían 20 provincias, en Bulgaria, 28, etc.

Pensando con cabeza propia, sin menospreciar las experiencias ajenas, se decidió eliminar el nivel de región y que solo existieran tres niveles: el central, 14 provincias y 169 municipios —más el municipio especial de Isla de Pinos

Con la nueva DPA, finalmente aprobada en el Congreso y aplicada en 1976 y 1977, se logró una mayor homogenización entre las provincias y municipios entre sí, atendiendo a su geografía, territorio, población, actividad económica, tradiciones, redes viales, migraciones, etc., lo que permitió un mayor acercamiento físico de la población a los centros de dirección y la posibilidad de un mayor dominio por estos de la situación y los problemas de dicha población.

Además, al disminuirse en uno y pasar a ser solo dos los niveles de dirección y administración existentes entre la base y la nación, y estar constituidos dichos niveles por los OLPP elegidos por las respectivas comunidades, y disponer de una autoridad y unas facultades descentralizadas y de recursos que antes no tenían, debía producirse, en consecuencia, una más directa vinculación de la dirección con la base, facilitando una comunicación más ágil y mejor conocimiento de las situaciones, adoptar decisiones más rápidas y ejercer un mayor control en su ejecución, a la vez que se hacía posible reducir el personal burocrático (dirigente, técnico, administrativo y de servicios) existente en el país del cual, si se excluían las entidades productivas y de servicios de base, 38% se encontraba trabajando en el nivel de región, incluyendo los aparatos de dirección del Partido, la UJC y las organizaciones de masas.

Lamentablemente, sabemos que no ha ocurrido así, por lo menos en la medida de lo esperado y  que, luego quizás de un momento inicial de logros y avances, se fue cayendo cada vez más en la rutina, la indolencia y el burocratismo en sus diversas manifestaciones.

Entendemos que en las experiencias que se desarrollan en las nuevas provincias de Artemisa y Mayabeque se está tratando de rescatar las viejas vías y de explorar otras novedosas para resolver estos males y retomar la esencia y los objetivos que estuvieron presentes en los años 70 y en los acuerdos del Primer Congreso del Partido, adecuados a las circunstancias actuales, y luego extender los resultados a todo el país. Ojalá se logren estos propósitos.

En cuanto al tercer encargo de Fidel, de mayo de 1972, relacionado con la planificación y dirección de la economía, por tratarse de la tarea más compleja desde varios puntos de vista y por considerarse que antes había que definir y decidir sobre las estructuras, funciones e interrelaciones del Partido, el Estado y la organizaciones de masas, no se acometió desde el primer momento, aunque sí se iniciaron los estudios y análisis preparatorios para cuando llegara el momento de implementarlo.

Fue en enero de 1973 cuando se circuló entre los miembros de la dirección del país un primer documento conceptual, que aportaba algunos elementos de juicio y referencias preliminares, pero aún sin hacer ninguna propuesta concreta sobre el Sistema de Dirección y Planificación que debería ser aplicado.

En ese documento titulado “Algunas cuestiones sobre la Economía Política del período de construcción del socialismo” se abordaban de manera resumida los siguientes temas principales:
Cuestiones fundamentales a tener en cuenta en un sistema de dirección de la economía. Diferencias entre el mal denominado Cálculo Económico (centralizado y descentralizado), el Sistema yugoslavo de Autogestión, el Sistema Presupuestario de Financiamiento y el llamado Sistema de Registro aplicado en Cuba a partir de 1967.
Papel de las relaciones monetario mercantiles en el socialismo.
Qué entender por estímulos materiales y su utilización en interrelación con los morales.
Papel de los precios en el socialismo.
Leyes económicas objetivas ignoradas y/o violadas en los años 1967 a 1970 y sus consecuencias.

En mayo de 1973, la dirección del país orientó comenzar a trabajar en una propuesta concreta sobre el Sistema de Dirección y Planificación de la Economía que se llevaría para su discusión y aprobación al Primer Congreso del Partido. No fue hasta comienzos de 1974 que se pudo comenzar los trabajos sobre este tema.

Para iniciarlos se plantearon 33 preguntas sobre diversos aspectos de un Sistema de Dirección de la Economía, a las que la propuesta debía darles respuesta. El primer documento que respondía a esas preguntas fue sometido a un bombardeo de críticas, dudas, observaciones e insatisfacciones entre los propios compañeros que habían trabajado en ello y la conclusión fue una nueva lista ahora de 103  preguntas a las que había que responder.

Cinco versiones de respuestas se hicieron sucesivamente, cada una de las cuales fue sometida a la crítica demoledora de “los abogados del diablo”, hasta que al fin se preparó una propuesta final que fue sometida a la consideración de la dirección del país y analizada y discutida en una reunión que duró 13 horas, los días 23 y 24 de enero de 1975, donde resultó preliminarmente aprobada para pasar al proceso de discusiones preparatorio del Congreso.

Se consideró que la propuesta respondía predominantemente a un sistema de Cálculo Económico intermedio entre su versión centralizada y su versión descentralizada, con determinados ajustes y con numerosos elementos que trataban de responder a cuestiones en las que había hecho énfasis el Che durante el tiempo que estuvo al frente del Ministerio de Industrias. (Véase discurso de Humberto Pérez, entonces Ministro Presidente de la JUCEPLAN —actual MEP— y Vicepresidente del Consejo de Ministros, pronunciado a nombre de la dirección del Partido y del Gobierno en la clausura del Congreso constituyente de la ANEC, el 14 de junio de 1979, en el que, sin dejar de reconocerse diferencias en importantes aspectos, se señalan y argumentan 14 puntos de coincidencia entre el SDPE aprobado en el Primer Congreso y algunos objetivos por los que luchaba el Che en el terreno de la economía).

En los Lineamientos para actualizar el modelo económico aprobados en el VI y más reciente Congreso del Partido, efectuado en 2011, y entre los mecanismos que se utilizan en la dirección y gestión de la economía en los últimos años reaparecen, naturalmente adaptados a las condiciones actuales internas y externas del país, y más desarrollados incluso, muchos de los criterios, mecanismos y fórmulas que aparecieron en los acuerdos del Primer Congreso del Partido relativos al SDPE y que se fueron aplicando durante el proceso de su implementación, interrumpida sin haber sido concluida a mediados de los años 80.

Entre estos criterios y mecanismos que actualmente se manejan y que estuvieron presentes ya hace alrededor de 35 años, aunque de manera mucho más conservadora, más limitada y a veces de forma incipiente o como intención malograda, se pueden mencionar, por ejemplo: la planificación como elemento principal para la dirección de la economía, junto a la utilización generalizada de las relaciones monetario-mercantiles en todas sus manifestaciones y teniendo en cuenta al mercado dentro de ciertos límites; el manejo de los precios, del crédito, de los bancos, del pago de salarios vinculado a los rendimientos en el trabajo, del presupuesto tanto a nivel central como a nivel de los órganos locales del Poder Popular; el énfasis en la descentralización de las decisiones y en el fortalecimiento de la autonomía económico-operativa de las empresas, la autorización a estas a vender libremente parte de sus producciones, recursos materiales en desuso y alquilar los ociosos, la libre contratación de la fuerza de trabajo, la facultad de formar fondos de estimulación a partir de la ganancia para usarlos a su discreción dentro de ciertos requisitos, la obligación de firmar contratos; el desarrollo del movimiento cooperativo en el sector agropecuario, de los mercados libres agropecuarios desde 1980; de los trabajadores por cuenta propia desde 1978, el Decreto Ley 50, de febrero de 1982, “Sobre asociación económica entre entidades cubanas y extranjeras en el país”, que amparaba la inversión foránea en empresas mixtas pero que solo se utilizó a partir de finales de los años 80 para crear las primeras empresas mixtas en el turismo; el intento en 1981 (finalmente no autorizado) de desestatalizar determinadas actividades de servicios para pasarlas a funcionar por cuenta propia o en forma de cooperativas, etc.

Sería absurdo asociar a un determinado compromiso ideológico, político o económico con algún país u organización extranjera o a un calco o copia mecánica, los razonamientos que llevaron en los primeros años 60 a varios economistas cubanos y extranjeros y a compañeros de la dirección del país (algunos sin ningún antecedente de vínculo ideológico o político con los países socialistas ni con los partidos comunistas) a defender el Cálculo Económico y a enfrentar las concepciones del Che.Igualmente absurdo sería hacer parecida asociación al hecho de que, actualmente, en cumplimiento de los acuerdo del VI Congreso del Partido, aunque sin reconocerles sus vínculos y parentesco con los años 70 y con el Primer Congreso, la dirección del país retome criterios y mecanismos de gestión económica para dirigir la economía que tienen coincidencia y/o antecedentes en los aprobados en aquel Congreso y que son bien vistos y defendidos de una u otra manera en estos momentos por muchos representantes de nuestras ciencias sociales.

¿Por qué considerar las decisiones de los años 70 y las acciones políticas y transformaciones institucionales ocurridas entonces, así como al SDPE acordado en el Primer Congreso y los pasos dados en el proceso de su aplicación en los años siguientes como calco y copia, resultado de un compromiso con la URSS y con el CAME y de una alianza interesada con la ortodoxia y el dogmatismo marxista, y no pensar que fueron simplemente concepciones y conclusiones, acertadas o no, a las que se llegó de manera independiente, como lo fue el pensamiento de los que defendieron el cálculo económico en los primeros años de los 60 y como lo han sido las ideas y los acuerdos del VI Congreso, tres momentos en diferentes tiempos en que han coincidido similares ideas?

Resulta de interés, por otro lado, tener en cuenta en las valoraciones que se hagan, lo que se deriva del examen de las estadísticas de la historia económica de nuestro país y las investigaciones y análisis que se han realizado de esa historia, por estudiosos calificados.

Desde 1959 hasta 2014, el único período de crecimiento y desarrollo es el de los quince años transcurridos entre 1970 y 1985, en el que se triplicó el PIB, a pesar de los errores e ineficiencias que ocurrieron en el mismo. Ya el quinquenio 1986-1990 fue de estancamiento y de algunos retrocesos; a partir de 1991 comenzó el Período especial y desde 1994 hasta 2014 ha tenido lugar una lenta recuperación y un lento crecimiento, con muchas altas y bajas, pero no una dinámica que se pueda calificar de crecimiento y desarrollo sostenido. (Ver, entre otros, el trabajo de Miguel Figueras titulado “Cambios estructurales para desarrollar la economía cubana” que encabeza el libro Economía cubana: transformaciones y desafíos,de la Editorial de Ciencias Sociales, 2014.)

Los crecimientos logrados en el período 1970-1985 se produjeron indudablemente, en primer lugar, por los excepcionales precios resbalantes para nuestros principales productos de exportación (azúcar, níquel y cítricos), acordados con la URSS y con otros países del CAME, indizados con el crecimiento de los precios promedio en el mercado mundial en los cinco años anteriores (precios CAME) del petróleo y de una canasta de algunos otros productos de importación. Ello se suma a los altos niveles de créditos a bajas tasas de interés recibidos de estos países. Pero no dejó de contribuir a ello la mayor eficiencia interna con que trabajó el país en ese período.

En esos quince años el crecimiento fue sostenido: el de los primeros cinco permitió recuperar, en general, los niveles máximos de producción y eficiencia que se habían alcanzado anteriormente, perdidos en el quinquenio 1966-1970. En el decenio 1976-1985 continuó sostenidamente el crecimiento en los principales indicadores económicos calculados a precios constantes de 1981, incluyendo los que medían la eficiencia con que se estaba trabajando. La productividad neta del trabajo creció ininterrumpidamente en el decenio 1976-1985 (menos en 1980 por la roya de la caña y el moho azul del tabaco), a un ritmo promedio anual de más de 4% y en el quinquenio 1981-85 lo hizo a más de 6%. A cuenta de la productividad se obtuvo más de 60% del incremento del Ingreso Nacional y en 7 de los 10 años del período la correlación entre el crecimiento de la productividad y del salario medio fue positiva. El coeficiente del consumo productivo respecto al Ingreso Nacional se redujo de 0,97 en 1975 a 0,90 en 1985.

En ese último decenio del período mencionado, las exportaciones — medidas a precios constantes— crecieron en 4,5% anual y fueron, en 1985, 60% superiores a las de 1975, mientras las importaciones crecieron a un ritmo de 2,5% anual y en 1985 eran solo 27% mayores que las de 1975. En el quinquenio 1981-85 las exportaciones en términos físicos crecieron cuatro veces más que las importaciones.

En el esfuerzo de esos años por aumentar las ventas al exterior se logró que los rubros de exportación, que al inicio del período eran los históricamente estáticos que sumaban solo unos 60, fueran aumentando de año en año, y en 1985 llegaran a 150. La venta de los nuevos renglones en ese año, solo en el área capitalista, ya significó ingresos por 150 millones de dólares. (Fuente: “Balances de la Economía Nacional 1975-1984” del CEE, noviembre de 1985 y Anuario Estadístico 1985, del CEE.)

No obstante, el incremento de los precios corrientes de importación del área socialista no vinculados a la indización, las relaciones de intercambio desfavorables en el comercio con el área capitalista, el extraordinario incremento de las tasas de interés en esa área, el recrudecimiento del bloqueo por nuestra participación en la guerra de Angola, así como determinadas decisiones de política económica no siempre acertadas y errores en la planificación que conducían a importar más de lo debido, anulaban en gran parte los avances que, en términos físicos, se estaban teniendo tanto en la producción como en la eficiencia, y la balanza comercial y de pagos a precios corrientes se manifestó desfavorable en varios de esos años. Pero ello no impidió el crecimiento y desarrollo alcanzados finalmente en la etapa 1970-1985 al que se hizo referencia.

Coincidencias históricas

Al llegar a este punto de nuestro recuento y valoraciones no podemos dejar de señalar coincidencias históricas en nuestro proceso que no somos capaces de explicar en estos momentos pero que, por resultar sumamente interesantes y tal vez paradójicas, ameritan el análisis de nuestros científicos en ciencias sociales. Como se ha visto, el período 1970-1985 en el que, según criterios bastante generalizados, predominó el pensamiento ortodoxo y dogmático, ha sido el único de crecimiento y desarrollo económico en los 55 años de nuestro proceso, mientras que el quinquenio inmediato anterior de 1966-1970 en que predominó el pensamiento heterodoxo, fue de retroceso y atrasos en nuestra economía. El quinquenio inmediato posterior (1986-1990), en el que reapareció y se reanimó el pensamiento heterodoxo y crítico, de nuevo fue un período de retrocesos en la actividad económica. Convendría un examen multifactorial profundo de esta paradoja para llegar a conclusiones fundamentadas que la expliquen.

Asimismo a la hora de valorar los años 70, además de las transformaciones y los elementos de juicio que se han recordado y explicado hasta aquí, se hace necesario tener en cuenta la importancia para la vida y el desarrollo del país que tuvieron y han mantenido otros asuntos trascendentales tales como la discusión y aprobación en referéndum de la primera Constitución de nuestro Estado socialista en 1976, que se mantiene vigente con las modificaciones realizadas en 1978, 1992 y 2002; la aprobación de la Plataforma Programática a la que Fidel calificó como la nueva bandera de lucha y guía de acción futura a enarbolar en aquellos momentos en sustitución del Programa del Moncada que se consideraba cumplido; la aprobación y ejecución del primero y segundo planes quinquenales de la Revolución; el comienzo de la elaboración, a partir de octubre de 1978, del primer plan a largo plazo a 15 años (denominado “Estrategia de desarrollo hasta el año 2000”) y las otras tesis y resoluciones que, aunque con insuficiencias, lastres y lagunas, trazaban políticas y directivas para todas las demás actividades de la sociedad aparte de las relacionadas con el Partido, el Estado y la economía.

Es de destacar, adicionalmente, en la práctica transformadora de esa década, la hazaña organizativa de haber logrado en solo año (1976) —después de un meticuloso período de preparación y creación de condiciones y a través de la ejecución rigurosa de un cronograma de 152 tareas nacionales con tiempos de cumplimiento predeterminados para cada una y eslabonadas entre sí como antecedentes y consecuentes unas de otras por el método de ruta critica— ejecutar simultáneamente las complejas tareas de la aprobación de la Constitución mediante un referéndum, la aplicación de la Nueva División Político Administrativa y, en correspondencia con ella, la elección y organización de los OPP, el traspaso a estos órganos de todas las empresas y actividades que debían administrar, la reestructuración de todo el sistema empresarial del país y de las estructuras del Partido, del gobierno y de las organizaciones de masas en todos los niveles, con los consiguientes traslados de recursos, cuadros y personal y, asimismo, la preparación de un plan económico elaborado por las empresas y demás entidades de la vieja estructura a sustituir, para ser ejecutado por las correspondientes a la nueva a partir de enero de 1977, sin que esta revolución y convulsión estructural y administrativa integral del país provocara trastornos de importancia en la continuidad de la marcha de las múltiples y diversas actividades.

Epílogo

Nunca antes, hasta los años 70, con sus transformaciones y acuerdos puestos en práctica en particular a partir del Primer Congreso del Partido, se logró una cobertura tan completa de líneas de acción definidas para todas las esferas de la vida económica, política y social del país, aunque algunas estuviesen salpicadas aún de dogmatismo: líneas apoyadas a la vez en organismos, organizaciones y procedimientos institucionales que trataban de “estructurar con la masa la conexión más adecuada de un conjunto de escalones, canales, represas y aparatos bien aceitados”, como pedía el Che en su carta a Carlos Quijano de marzo de 1965 y que permitieran marchar hacia el socialismo en un intento de identificación entre el Gobierno y la comunidad, no alcanzada hasta ese momento, con participación democrática institucionalizada, sistemática y descentralizada de la población en todas las decisiones más importantes del país y en las que debían responder en el día a día a sus necesidades más
perentorias.

No creo que puedan caber dudas de que el proceso de institucionalización administrativa, estatal, política y económica desarrollado en esos años del siglo XX, alrededor del Primer Congreso del Partido, representó un salto de calidad en el quehacer de la Revolución y que, apoyado en condiciones externas relativa y parcialmente favorables, produjo efectos positivos en diversos aspectos de la vida social y económica del país, a pesar de errores cometidos y daños producidos en determinadas esferas.

A pesar de los errores; de las desviaciones en la aplicación de algunos de sus elementos; del olvido e incumplimiento de varios de sus propósitos y objetivos; del envejecimiento, deterioro y desactualización de muchos de sus componentes por el paso del tiempo y por los drásticos cambios del contexto externo, a partir de comienzos de los años 90, derivados del derrumbe del sistema económico internacional del cual Cuba formaba parte; de las tremendas conmociones y dificultades críticas del subsiguiente Período especial del que apenas nos estamos recuperando; y de otras múltiples vicisitudes acontecidas, muchos de los elementos institucionales establecidos en la década de los 70 e importantes postulados y acuerdos fundamentales del Primer Congreso en 1975 han trascendido a través de los años y hoy permanecen vigentes, como son los casos de la DPA, los OPP y la Constitución de la República, aunque, sobre todo los dos últimos, reclaman modificaciones, cambios, perfeccionamiento y actualización.

Por otro lado, lo acordado y establecido en aquellos momentos acerca del funcionamiento del Partido y de la separación entre este y el Estado vuelve a ser objetivo ratificado y renovado actualmente y exige también soltar lastres aún presentes y experimentar cambios y actualización. Asimismo, varios de los componentes principales que formaban parte del SDPE y de su proceso de aplicación, como hemos visto más arriba, han sido recogidos, actualizados, desarrollados y ampliados en los Lineamientos acordados por el VI Congreso del Partido y se manejan en estos momentos en la dirección y gestión de la economía.

Todo lo expuesto y razonado hasta aquí nos afirma en la valoración sobre los años 70 del siglo pasado y sobre el Primer Congreso que manifestamos en la introducción de este artículo y de ello se desprende también la consideración de que no se trata de un decenio perdido, y mucho menos negativo, en el que imperó el dogmatismo más rampante, sino de un decenio en lo fundamental creador y trascendente como ningún otro en la historia de nuestro proceso revolucionario desde 1961 hasta la fecha.

Actualmente, gracias a su lucha, firmeza, resistencia y obra internacionalista, la situación de Cuba en la arena internacional es mejor que nunca, las expectativas dentro de los procesos de integración de América Latina y el Caribe son más esperanzadoras que en cualquier otra ocasión anterior y el restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos y las perspectivas de avanzar en su normalización abren un camino de riesgos de nuevo tipo, pero también de posibilidades, principalmente económicas, que hay que tratar de aprovechar avanzando internamente en la aplicación de los Lineamientos y creando las estructuras y mecanismos complementarios de encaje y asimilación que permitan extraer con eficiencia y audacia realista las ventajas de la nueva situación creada, neutralizando a la vez las trampas, emboscadas y peligros ideológicos, políticos y culturales.

El proceso de Actualización del modelo económico que se está implementando se ha enrumbado correctamente, aunque su marcha se siente y parece lenta, tal vez por la impaciencia de ver resultados lo más pronto posible, algunos de los cuales se esperaba estarlos viendo ya. Raúl ha reiterado la necesidad de avanzar “sin prisa pero sin pausa”, para evitar improvisaciones que generen “remedios peores que la enfermedad”. Hace casi cuarenta años, el 19 de diciembre de 1975, el propio Raúl, al referirse a la ejecución de las tareas que formaban parte del Cronograma aprobado por el Primer Congreso para dar cumplimiento a sus acuerdos, acuñó la frase “Ni lentitud de jicotea, ni corre-corre improvisado”. Vemos, pues, cómo a través del tiempo se enlazan, también en el terreno de las consignas, el presente de nuestro proceso revolucionario y el Primer Congreso del Partido.

A partir de la experiencia vivida y de lo ocurrido con importantes acuerdos y orientaciones de los años 70 y del Primer Congreso del Partido se hace aconsejable estar alertas para evitar que, con respecto a los Lineamientos y a las medidas para la Actualización del modelo económico, actualmente en proceso de aplicación, se vayan a producir engavetamientos, abandonos, tergiversaciones y labor de freno por negligencias, indolencias, falta de sistematicidad, inercias mentales que se resistan al cambio, como ha advertido Raúl, o también por falta de convicción en el camino decidido, o por determinados intereses personales que puedan imprimir un solapado “paso de jicotea” e intentar el desvío de dicho camino por temor a perder poder y posiciones.

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